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Será el primer país socio de la Unión Europea en aplicar una directiva que persigue combatir la inmigración ilegal.
FERNANDO PESCADOR/CORRESPONSAL. BRUSELAS
España será el primer socio de la UE en imponer a las compañías aéreas la transmisión, con carácter previo al viaje, de los datos del pasaje que proceda de países terceros, de manera similar a lo que Estados Unidos exige a raíz de los atentados del 11-S. A partir del 13 de junio, las autoridades españolas de inmigración podrán disponer de información detallada de las personas que vuelen a sus aeropuertos desde cualquier país miembro de la Unión. La información incluirá el número y tipo de de billete utilizado, nacionalidad, apellidos y nombre completo, fecha de nacimiento, frontera por la que se accede a España, código del transporte, hora de salida y llegada, número total de pasajeros transportados en el avión y punto de partida.
Se trata de una batería de datos más reducida que la impuesta por Estados Unidos, que comprende 34 referencias de entre 60 posibles, y que permiten elaborar un perfil, aunque imperfecto, del viajero. British Airways, la primera compañía europea en haber asumido públicamente el requerimiento, ha dicho tener disponible en su web formularios para cumplir con los requisitos impuestos por las autoridades españolas, si las vías informáticas ordinarias fallaran.
De todos modos, el cauce habitual para la transmisión de estos datos serán los ordenadores de las propias compañías aéreas, que almacenan esta información de oficio. De hecho, estos datos circulan ya entre compañías aéreas y aeropuertos, aunque sin el carácter obligatorio y las sanciones en caso de incumplimiento que España se apresta a imponer.
La base jurídica utilizada por España es una directiva comunitaria, la 2004/82 de 29 de abril, cuyo plazo de trasposición a los ordenamientos nacionales concluyó el 5 de septiembre de 2006, y que la Unión Europea aprobó atendiendo a demandas específicas del Gobierno español, para combatir la inmigración ilegal. La conocida como «iniciativa española» es una legislación gestada en base a los supuestos del ordenamiento europeo concernientes a Justicia e Interior, que requiere el voto por unanimidad.
El Parlamento europeo carece de competencias en estos asuntos, pero estudió la demanda española en la Comisión de Libertades y en el Pleno. En la primera, la iniciativa fue rechazada por 20 votos en contra, 4 a favor y 9 abstenciones; mientras que en el segundo se decidió reenviar el informe correspondiente a la Comisión.
Recelo de la Eurocámara
La Eurocámara no veía la iniciativa con buenos ojos, porque coincidía en el tiempo con los debates sobre las exigencias estadounidenses de transmisión de datos personales del pasaje -los denominados Passenger Name Records (PNR)-, que el Consejo y la Comisión aceptaron enviar a EEUU en un acuerdo posteriormente anulado por el Tribunal Europeo de Justicia. Actualmente se negocia un nuevo pacto con Washington.
La iniciativa española fue percibida como el germen de un PNR europeo, que, de hecho, los países miembros de la UE parecen ambicionar. En círculos de la Asociación europea de Líneas Aéreas (AEA) se aseguraba ayer, sin embargo, que el resto de los socios comunitarios no están dando muestras de querer aplicar la legislación europea a corto plazo. Según la AEA, las exigencias de información planteadas por las autoridades españolas «serán satisfechas en el marco más amplio de los requisitos de seguridad vigentes». |
